La Legislatura del Estado de México atenderá la solicitud de Amnistía Internacional para llamar a comparecer ante el pleno al fiscal Alejandro Gómez con la finalidad de que exponga la calidad de los mecanismos, protocolos y resultados en las investigaciones por feminicidio, después de que el organismo advirtiera que son “deficientes”.
El informe de la organización emitido este año bajo el título “Deficiencias en las investigaciones penales de feminicidios precedidos de desaparición en el Estado de México” revela el incumplimiento de la obligación del Estado mexicano de investigar con la debida diligencia y viola los derechos de acceso a la justicia, la protección judicial y a obtener una reparación justa y eficaz de las familias.
A esa conclusión llegó Amnistía Internacional al documentar los casos de tres víctimas de feminicidio precedidos de desaparición y un caso de desaparición en la zona oriente del Estado de México: los de Nadia Muciño Márquez, asesinada en 2004; Daniela Sánchez Curiel, desaparecida en 2015 y todavía en paradero desconocido, y cuya familia presume que fue víctima de feminicidio; Diana Velázquez Florencio, desaparecida y asesinada en 2017; y Julia Sosa Conde, desaparecida y asesinada a finales de 2018.
En el análisis, el organismo detectó que en las indagatorias se pierden evidencias, falta investigación, la perspectiva de género está mal aplicada, las familias son revictimizadas porque la búsqueda de justicia requiere tiempo, es costosa e incluso peligrosa.
El organismo considera que esto ocurre porque falta compromiso y responsabilidad de la institución y sus servidores públicos, se requiere más y mejor formación especializada y mejores condiciones de trabajo, el personal tiene excesiva carga de trabajo y pocos recursos técnicos.
También advierte que estas deficiencias no son exclusivas de los casos analizados, sino generalizadas, no sólo en el Estado de México, sino en el país.
La diputada morenista Karina Labastida, quien en la 60 Legislatura presidió la Comisión para las Declaratorias de Alerta por Violencia de Género, y aspira a repetir en la encomienda, aseguró que coincide con las observaciones del informe, por lo que se atenderá la solicitud para que comparezca quien lleva 9 años al frente de la procuración de justicia del Estado de México: siete como procurador y dos como fiscal general.
Otra recomendación de Amnistía Internacional radica en que la Fiscalía Central para la Atención de Delitos Vinculados a la Violencia de Género cuente con los recursos humanos y financieros suficientes para operar y llevar a cabo su función de forma eficiente.
Sin embargo, en esta materia, Labastida Sotelo recordó que el presupuesto de la Fiscalía mexiquense se ha elevado al menos los últimos tres años, a petición del gobierno estatal.
“Valdría la pena que, en su autonomía como institución, Gómez Sánchez configurara su propio presupuesto de acuerdo con las necesidades de la FGJEM, ya que es un proyecto que elabora directamente la Secretaría de Finanzas, dependiente del gobernador Alfredo del Mazo”, consideró.
La morenista indicó que el veredicto de Amnistía Internacional contrasta con el cuarto informe de Del Mazo porque el Estado de México sigue en primer lugar en feminicidios a nivel nacional, con 77 casos en lo que va del año, y el primer lugar en lesiones dolosas hacia las mujeres con 9 mil 128 denuncias.