Para garantizar que 5% de los empleos en empresas y en los gobiernos estatal y municipales se destinen a jóvenes, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano (MC) propuso reformar la Ley de la Juventud del Estado de México.
La iniciativa también busca reconocer el derecho de las juventudes a una vivienda digna y accesible, tarifas preferenciales de transporte público y conectividad a internet garantizada.
El documento señala que las juventudes enfrentan discriminación estructural ejercida por el Estado, la sociedad y el sector empresarial, lo que limita su acceso a espacios laborales, educativos y al respeto de sus derechos fundamentales.
Te puede interesar: UAEMéx y GEM lanzan megajornada de vacunación en Toluca
Entre los cambios planteados se incluye la creación de un seguro de desempleo para jóvenes que pierdan su trabajo por causas no atribuibles a ellos, con una cobertura de hasta tres meses o hasta conseguir un nuevo empleo.
Además, se propone que la Secretaría del Trabajo estatal realice inspecciones periódicas en centros laborales donde participen jóvenes, a fin de verificar que las condiciones de trabajo cumplan con la normativa vigente.
Te puede interesar: Aborto legal, pero sin acceso: persiste la negligencia en Edoméx
En materia de conectividad, la reforma impulsa que las políticas públicas garanticen internet gratuito mediante convenios con proveedores y puntos de acceso en zonas rurales y colonias populares, especialmente para quienes estudian o trabajan.
La iniciativa recuerda que, según el INEGI, en 2020 el país registró 37.8 millones de jóvenes, equivalentes al 30% de la población, de los cuales 5.1 millones residen en el Estado de México, la cifra más alta del país.
Te puede interesar: Obra en la Toluca–Altamirano arrasa con árboles y enciende alarma vecinal
También destaca que 53.2% de las juventudes mexiquenses se encuentran en pobreza multidimensional, y 63.8% perciben ingresos por debajo de la línea de bienestar.
Ante este panorama, MC afirma que es necesario garantizar oportunidades reales para las juventudes mediante políticas públicas diferenciadas según la etapa de vida —de 12 a 29 años— que fortalezcan su desarrollo integral, su incorporación laboral y su participación plena en la sociedad.



