Por enésima vez —y tras permanecer congelada por al menos cinco Legislaturas—, el grupo parlamentario de Morena volvió a plantear una reforma constitucional para eliminar el fuero de todas las personas servidoras públicas en el Estado de México, con el fin de que puedan ser investigadas, imputadas y procesadas penalmente sin declaración de procedencia.
La iniciativa busca *fortalecer la rendición de cuentas, garantizar igualdad ante la ley y recuperar confianza ciudadana, eliminando privilegios procesales que suelen interpretarse como impunidad. El planteamiento es tajante: que **ningún titular de órgano autónomo, fiscal, secretario o secretaria de Estado pueda refugiarse en el fuero para evitar enfrentar un proceso penal.
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Aunque la Constitución mexiquense no menciona literalmente la palabra fuero, sí otorga inmunidad procesal a diversas figuras —como titulares de los poderes, diputadas y diputados, juzgadores, titulares de órganos autónomos y alcaldes— impidiendo que sean juzgados mientras están en funciones, salvo que el Congreso declare procedencia penal.
La propuesta, turnada a comisiones, mantiene que las y los legisladores no podrán ser perseguidos por opiniones, votos o actos estrictamente legislativos, pero aclara que esa protección no cubrirá conductas que constituyan delito, las cuales deberán procesarse sin desafuero.
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Asimismo, plantea eliminar toda inmunidad procesal para servidores públicos de los poderes Ejecutivo y Judicial y de los organismos autónomos, de modo que todas las personas funcionarias sean penalmente responsables sin distinción y puedan ser llevadas a tribunales sin trámite previo.
En los transitorios, se fija un plazo de 90 días para que la Legislatura armonice las leyes locales y elimine cualquier referencia al fuero o a la declaración de procedencia. También se indica que los procesos de desafuero en curso serán cancelados y sus investigaciones enviadas al Ministerio Público, conforme al procedimiento penal ordinario.
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A la fecha, Nuevo León, Jalisco, Querétaro y Baja California ya eliminaron el fuero penal, sin que ello haya afectado la gobernabilidad ni la independencia de sus poderes.