Seguridad, salud y economía son los temas de mayor interés durante la glosa del tercer informe de gobierno para los grupos parlamentarios de los partidos Morena y Acción Nacional (PAN).
Maurilio Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), indicó que uno de los temas en que su bancada tiene mayor interés es la seguridad pública, debido a la elevada incidencia delictiva en la entidad, que ya rebasó a las autoridades. Sin embargo, debido a la coyuntura sanitaria, indicó, también es preciso conocer las acciones implementadas en materia de salud para enfrentar la contingencia por COVID-19, y las impulsadas para garantizar la reactivación económica por la crisis financiera detonada por el aislamiento social que la pandemia trajo aparejado. Los diputados de Morena, prosiguió, además tienen dudas en materia de política interna, infraestructura, uso de los programas sociales y los incentivos al campo.
Los también morenistas Faustino de la Cruz y Azucena Cisneros consideraron que el gobierno estuvo ausente para afrontar la pandemia, lo que evidenció un sistema de salud abandonado, simulación en política social e índices delictivos al alza. La seguridad, insistieron, es uno de los problemas latentes, los feminicidios no han disminuido, ni el robo a transeúntes, y la corrupción en los ministerios públicos y en los cuerpos de la policía estatal están presentes en el día a día de los ciudadanos. Hay más de 10 clínicas y hospitales inconclusos o abandonados, por lo que los mexiquenses se ven obligados a acudir por atención médica a la Ciudad de México, y no hubo acompañamiento a los afectados por COVID-19, consideraron.
En tres años, señalaron, se han mantenido en la opacidad los detalles de la concesión otorgada a OHL, hoy Aleática, por la operación del Circuito Exterior Mexiquense, vialidad concesionada por los gobiernos de Arturo Montiel, Enrique Peña y Eruviel Ávila: “De manera arbitraria, en 2018 tuvimos dos incrementos en el costo del peaje por la concesión ventajosa que tiene OHL, que es un sinónimo de la corrupción en el Estado de México. Van tres años en que no se transparenta la concesión ni el gobernador se ha deslindado de sus antecesores”, apuntó De la Cruz Pérez.
En materia de educación, dijo, la entidad se enfrentó a una grave deserción escolar porque el internet no llega a las comunidades, y los niños no cuentan con tabletas ni computadoras para acceder a las clases virtuales. En contraste, señaló, “el apoyo social de la Tarjeta Rosa se opera al mejor postor por parte de los responsables de cada sección electoral en una lógica de clientelismo”.
Cisneros Coss consideró que los casi 300 mil millones de pesos del presupuesto anual del Estado de México se esfumaron durante este año de pandemia en que el gobernador estuvo ausente: “En este tercer año, el gobernador brilló por su ausencia, igual que el presupuesto. Es grave pensar que lo están guardando y lo piensan utilizar de manera discrecional”, alertó.
La legisladora consideró que la entidad está a la deriva, sin obra pública, sin solución de problemáticas graves, donde se prefirió aumentar la tarifa del transporte en plena pandemia, y con índices delictivos que van al alza. En política social, indicó, sólo hay simulación con programas “patito” a los que no puede acceder la población y donde la principal acción que se difunde hasta en espectaculares es el reparto de despensas, lo que en este país ha sido la principal forma de lucrar con la necesidad de la gente.
Por su parte, la diputada Ingrid Schemelensky, vicecoordinadora del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), aseguró que los integrantes de la bancada siguen en la revisión del informe y se encuentran a la espera de la glosa, si bien, de entrada, tienen dudas en materia de salud, seguridad y transparencia, áreas en las que consideran falta mucho por hacer.
Su correligionario Reneé Rodríguez Yanez agregó que entre los pendientes de la administración estatal puede enlistarse que la incidencia delictiva no decrece, y anticipó que los panistas revisarán a detalle el salario rosa y las acciones gubernamentales y políticas públicas implementadas para afrontar la pérdida de empleos y garantizar la recuperación económica por el confinamiento.