El Partido Acción Nacional (PAN) anunció que promoverá controversia constitucional contra las reformas a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México aprobadas por mayoría de la Legislatura mexiquense el pasado 03 de diciembre para permitir a diputados locales y federales, senadores y militantes de partidos políticos convertirse en auditor de la entidad.
Anuar Azar, coordinador del grupo parlamentario albiceleste, indicó que ya lo planteó a los coordinadores de las bancadas que votaron en contra (PRI, PRD y PVEM) y a las morenistas Elba Aldana, Beatriz García y Alicia Mercado, quienes tampoco apoyaron la modificación.
Para que el recurso proceda son necesarios un tercio de los votos de la Legislatura; es decir, 25 de 75. El panista consideró posible reunir el respaldo, en el entendido de que hubo 27 votos en contra de los cambios.
“Lo hemos platicado con quienes votaron en contra, tendrán que analizar qué postura van a asumir. Estamos elaborando ya un documento para ingresarlo como controversia constitucional; vamos a ver si logramos el consenso, porque ocho votos del PAN no nos alcanzan. Si todos los grupos se suman, habría posibilidad de presentarlo”, refirió.
En caso de que no reunir las firmas necesarias y promoverlas en un plazo máximo de 60 días, indicó que el PAN agotará los recursos jurídicos e instancias, los argumentos y el debate en busca de que se rectifique.
Azar Figueroa consideró que la modificación trastoca la autonomía del Órgano Superior de Fiscalización (OSFEM), pues las instituciones dedicadas a la rendición de cuentas y la transparencia de los recursos públicos deben estar alejadas de intereses partidistas.
“Hay dudas respecto a que el actuar sea totalmente imparcial, tanto para encubrir posibles malos manejos como para perseguir políticamente a algún adversario… Creemos que se lastima la institución, esa no es la ruta que los ciudadanos exigen”, señaló.
La modificación, promovida por Morena, consideró, puede lastimar los avances que se habían tenido en materia de fiscalización de recursos públicos.
Si bien admitió que en este tipo de nombramientos siempre hay un ingrediente jurídico y nadie llega nada más porque sí al cargo, alertó que hay perfiles con trayectoria, experiencia, alejados de partidos políticos, para generar certeza a ciudadanos y al propio Poder Legislativo.
“Todo lo que esté a nuestro alcance, lo vamos a agotar. Es un tema con el que no estamos de acuerdo, es similar al caso de Rosario Piedra, no reúne los requisitos, tiene militancia y la ley prohíbe que el cargo de presidente de los Derechos Humanos tenga nexos partidistas; lo hemos denunciado hasta en instancias internacionales, ya ha habido pronunciamientos en donde nos dan la razón”, añadió.