Debido a que las personas jurídico colectivas son usadas en algunos casos para blanqueo de capitales, evasión fiscal y/o cohecho, el grupo parlamentario de Morena propuso reformar el Código Penal del Estado de México para establecer catálogos de tipos penales que las regulen y sancionen.
La propuesta cobra fuerza tras los escándalos mundiales provocados por filtraciones de documentos como los denominados Pandora o Panamá Papers que revelan la práctica de apertura y ocultamiento de empresas en paraísos fiscales para la evasión de impuestos o, incluso, la comisión de algunas conductas ilegales, de los que no han escapado políticos y empresarios mexiquenses.
La diputada María del Rosario Elizalde, promotora de la iniciativa, reconoció que las empresas constantemente son presas de actos de corrupción perpetrados por sus propios empleados, en los que no necesariamente intervienen servidores públicos.
Uno de los retos que enfrentan las empresas en México, consideró, radica en generar certidumbre en el debido control organizacional, ante los riesgos de que se pudieran cometer delitos desde el seno de la organización.
“En nuestro país no existe mucha experiencia sobre criminalidad en el seno de las empresas; sin embargo, es un hecho que las personas jurídicas son utilizadas para cometer delitos, como receptación y blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública y la seguridad social, delitos de construcción, edificación o urbanización ilegal, delitos contra el medio ambiente o cohecho”, enlistó.
Por ejemplo, dijo, las factureras son empresas fantasma que operan con una razón social con fines ilícitos a través de sus representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho.
Sin embargo, expuso, al día de hoy el Código Penal del Estado de México no contiene un catálogo de delitos sobre los cuales podrá hacerse responsable a las personas jurídicas, por lo que es necesario atender esta omisión legislativa.
La iniciativa de Morena, planteó, establece un tipo para la responsabilidad penal autónoma, de tal forma que independientemente de la responsabilidad en que incurran las personas jurídicas, los representantes, apoderados legales o administradores de hecho o de derecho sean responsables de la conducta desplegada o la omisión, en armonía con lo que dispone el Código Nacional de Procedimientos Penales.
Las reformas plantean que no se extingue la responsabilidad penal de las personas jurídicas cuando se transformen, fusionen, absorban o escindan, evitando con ello que las personas jurídicas constituyan una nueva persona jurídica para la realización de las mismas actividades.
Además, no excluye de la acción penal a las personas jurídicas por causas excluyentes de delito, responsabilidad o extinción de la acción penal de algunas de las personas físicas involucradas, para que las empresas respondan por la comisión de los delitos cometidos a su nombre, por su cuenta o en su beneficio.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas para su análisis y dictamen.