Para evitar que la ciudadanía que actúe en defensa propia sea criminalizada, el grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática (PRD) propuso ampliar los supuestos de legítima defensa.
La iniciativa de reforma al Código Penal del Estado de México además busca ampliar las circunstancias que excluyen del delito y de responsabilidad penal, a fin de dar a la ciudadanía la certeza de que, si se defiende, no será criminalizada.
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La diputada Viridiana Fuentes indicó que, ante el auge de la criminalidad, es urgente tomar medidas concretas para salvaguardar el tejido social.
Por ello, planteó que, salvo prueba en contrario, se considerará como legítima defensa cuando la persona (agente) advierta que un intruso trata de penetrar o haya penetrado sin derecho al hogar, al de su familia, o sus dependencias o a los de cualquier persona que tenga la obligación de defender, así como al sitio donde se encuentren bienes propios o ajenos respecto de los que exista la misma obligación.
El supuesto también aplicará cuando por medio de asechanzas, conductas de acoso, intimidaciones, amagos u otras análogas el atacante acorrale al agente en un sitio que por sus características le impida retirarse libremente, pedir auxilio o repeler la agresión sin herir al atacante.
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Además, cuando el atacante trate de privar de su libertad al agente o lo haya privado de la misma; y cuando el atacante se encuentre armado con un arma de fuego, punzocortante o química, o concurra superioridad numérica de los atacantes con respecto al o los agentes.
La reforma especifica que no habrá exceso de legítima defensa cuando concurran circunstancias donde el agente se encuentre en un estado de confusión, miedo o terror que afecte su capacidad para delimitar la racionalidad de los hechos cometidos, siempre y cuando estas circunstancias sean provocadas dolosamente por el agresor.
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Conforme a la propuesta, remitida a dictamen de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia, la figura de la legítima defensa debe establecerse como un instrumento de auto defensa, con un enfoque pro víctima, puesto que criminalizar y vincular a una persona que sólo protege sus bienes jurídicos de un agresor, es también una forma de revictimización de la cual el Estado es directamente responsable.
Aunque la iniciativa se presentó en el marco de la violencia machista que sufren las mujeres en el país, especialmente en la entidad, adquiere mayor relevancia después del enfrentamiento entre civiles y supuestos integrantes del crimen organizado en Texcaltitlán.