Con la finalidad de prevenir casos de corrupción en el ejercicio de alguna encomienda pública, el grupo parlamentario de Morena propuso obligar a quienes pretendan convertirse en candidatos en el Estado de México a presentar su declaración 3 de 3 en versión pública.
De esta manera, quienes se registren como abanderados tendrán que dar a conocer sus manifestaciones patrimonial (sobre los bienes que poseen), de interés (sobre sus relaciones económicas y de parentesco) y fiscal (con que demuestren que van al corriente en el pago de sus impuestos, con la certificación correspondiente).
La propuesta, elaborada por el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios y presentada por la diputada Carmen de la Rosa, tiene fines preventivos en busca de frenar la corrupción, el financiamiento ilícito y los favores políticos.
Para que las reformas a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la Ley Orgánica del Poder Legislativo y al Código Electoral, todos del Estado de México, procedan y apliquen en la elección de gobernador, deben ser aprobadas y promulgadas a más tardar en septiembre próximo, pues la norma establece que no serán vigentes las modificaciones que no se realicen a más tardar en los 9 meses anteriores al día de los comicios.
El planteamiento determina que la presentación de estas manifestaciones, en versión pública, sea un requisito de elegibilidad y se abran al público para que los ciudadanos evalúen posibles riesgos al sufragar en favor de alguno de los actores políticos.
La reforma plantea que el requerimiento de la declaración 3 de 3 se haga efectiva también para funcionarios designados por la Legislatura local.
Además confía en que contribuya a rescatar la confianza ciudadana en políticos e instituciones, pues la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017 revela que 90.59% de los encuestados percibió que los partidos políticos son instituciones que con mayor frecuencia incurren en corrupción, mientras el ranking 2019 de Consulta Mitofsky revela que apenas 5.4% de los encuestados reconoció que confiaba en los partidos políticos.
En la exposición de motivos se rememora que en 2016 se decretó la Ley General de Responsabilidades Administrativas que establece como instrumentos de rendición de cuentas las declaraciones de intereses y patrimoniales, en afán de detectar posibles conflictos con la función pública y documentar la integración y evolución patrimonial.
Con los nuevos ordenamientos, se dispuso que las entidades federativas homologaran procedimientos en la lucha contra la corrupción, práctica normal o natural en las transacciones de la vida diaria, de los negocios y del trato con los servidores públicos, cuyo costo económico oscila entre el 5 y 10 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
En el Estado de México, el 30 de mayo de 2017 se emitió la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, donde se establecen obligaciones y procedimientos para la presentación de la 3 de 3 de todos los servidores públicos estatales y municipales, pero aún no es requisito para ser candidata o candidato en el Estado de México.