El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Legislatura local propuso reformar la ley para que los acosadores escolares (bulleadores) garanticen la reparación del daño moral y, en su caso, paguen una indemnización, daños y perjuicios.
La iniciativa que modifica la Ley para Prevenir y Atender el Acoso Escolar en el Estado de México es de autoría de la diputada Paola Jiménez, y tiene por objetivo evitar que se repitan casos de bullying tan lamentables como el de Norma Lizbeth en Teotihuacán y frenar el aumento del fenómeno de acoso escolar.
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Además plantea que el protocolo para atender estos casos se actualice anualmente, que las escuelas informen cada tres meses los casos existentes en sus instalaciones y las acciones tomadas y, de no hacerlo, dar vista al órgano interno de control para que investigue y sancione las omisiones.
De igual manera, obliga que la encuesta entre la comunidad educativa para identificar las escuelas con mayor incidencia de acoso escolar sea semestral, y que el acoso se reconozca cuando se realice a través de cualquier red social, aplicación o plataforma electrónica.
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La priista recordó que los conflictos entre estudiantes se traducen en acoso escolar cuando existe la intención de agredir a la víctima de manera constante, el agresor no presenta sentimientos de compasión por la víctima y es evidente una desigualdad por edad, estatura o popularidad entre agresor y agredido.
La legisladora refirió que en México 18 millones 782 mil estudiantes de primaria y secundaria son víctimas y, en días recientes, manifestó, en una escuela pública de Metepec se presentó un caso también grave, pues la víctima intentó quitarse la vida.
Destacó que en estos casos la responsabilidad es de toda la sociedad, y que a Norma Lizbeth le fallaron sus compañeros, sus maestros, la autoridad y el sistema de salud, entre otros.
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Enfatizó que combatir estas conductas requiere trabajar factores sociales, culturales y familiares para formar jóvenes que atiendan una cultura de paz, y se pronunció por acciones en las escuelas que mejoren la convivencia, por códigos de disciplina positiva, empatía y humanidad en la solución de conflictos, donde la violencia nunca esté permitida.
Por su parte, la petista Trinidad Franco negó que los docentes sean los primeros responsables de estos hechos, ya que los valores tiene su origen en el hogar y, en la actualidad, la norma les impide presentar denuncias directas, tienen una alta carga administrativa y cuando pretenden tratar con padres y madres de familia asuntos de acoso resultan violentados.
Esta iniciativa fue remitida a las comisiones de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, y de Procuración y Administración de Justicia para su análisis y posterior dictamen.
De igual manera, la Legislatura local pidió, a propuesta de la morenista Rosario Elizalde, a la Fiscalía mexiquense investigar y sancionar la omisión, simulación e indebida atención de adultos, servidores públicos y autoridades, en el acoso y muerte de Norma Lizbeth, pues el deceso pudo prevenirse pero fallaron los directivos de la secundaria anexa a la Normal de Teotihuacán, las autoridades educativas, corporaciones policiacas, personal de salud, ayuntamiento, etc.