Para evitar que su puesta en marcha dependa de caprichos, el grupo parlamentario de Morena propuso reformar la Ley del Seguro de Desempleo con la finalidad de que este instrumento sea permanente, su aplicación pueda ser vigilada por la Legislatura y la sociedad, se destine un presupuesto anual para este fin, y se emita declaratoria de emergencia inmediata motivada por la pérdida de trabajos ocasionada por la pandemia de Covid-19.
La iniciativa que modifica la Ley del Seguro de Desempleo del Estado de México fue presentada por el diputado Emiliano Aguirre, quien recordó que en solo cuatro meses de 2020, la pandemia provocó la pérdida de 45 mil empleos y la tendencia aumentó a lo largo del año, por lo que es necesaria la permanencia de este instrumento en la entidad, en apoyo a personas que perdieron sus ingresos económicos por falta de trabajo.
Los cambios amplían los supuestos para acceder al ejercicio y eliminan tramitología, pues si bien la Ley del Seguro de Desempleo del Estado de México fue publicada en septiembre de 2011, establece que su activación solo puede ser a través de una declaratoria de “Contingencia Laboral” realizada por el gobernador del Estado, bajo dos supuestos: que durante seis meses consecutivos exista una situación de crisis económica que haya dado lugar a la caída en el número de empleos en el Estado y cuando la economía atraviese por una fase recesiva constatable con la caída del Producto Interno Bruto Estatal.
Ante la pérdida masiva de empleos por el SARS-CoV-2, recordó, el gobierno estatal anunció medidas de apoyo a micro y pequeñas empresas, y descuento en impuestos, pero Aguirre Cruz considera necesario realizar una serie de reasignaciones presupuestales con el propósito de fondear el Seguro de Desempleo y cambiar el objeto de la Ley para que sea permanente.
La propuesta, refirió, establece que el Ejecutivo pueda declarar contingencia laboral pero sólo para ampliar el presupuesto y que la Secretaría de Finanzas reasigne en el presente ejercicio presupuestal recursos para atender la caída del empleo por la emergencia sanitaria.
También incluye la creación la Comisión Ordinaria de Fomento y Protección al Empleo, integrada por los tres Poderes del Estado, representantes del sector empresarial y organizaciones, para que fomenten acciones concretas de protección al empleo.
Además, faculta a la Legislatura para que fiscalice los recursos públicos del Seguro y obliga a la Secretaría del Trabajo a informar de manera semestral o cuando los diputados lo soliciten sobre los resultados de la medida.
La propuesta fue turnada a la comisión del trabajo para su análisis y dictamen posterior.