El grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) propuso reformar el Código Penal estatal para sancionar hasta con 70 años de prisión y castración química a los violadores.
La iniciativa, presentada por la diputada María Luisa Mendoza, plantea que a quien por medio de la violencia física o moral tenga cópula con una persona sin su voluntad, se le impondrán de 15 a 30 años de prisión y tratamiento de inhibición sexual, conocido como castración química.
Conforme a la iniciativa, si en la violación participan dos o más personas, las penas serán de entre 50 a 70 años de prisión, y si es cometida por uno de los cónyuges, por un ascendiente contra su descendiente, o viceversa, por un hermano contra otro, por el tutor en contra de su pupilo o por el padrastro, madrastra, concubina, concubinario, amasio o amasia en contra del hijastro o hijastra, las penas podrían ir de 20 a 45 años de prisión, además del tratamiento químico y la pérdida de la patria potestad o la tutela.
Cuando la violación sea cometida por quien desempeña un empleo, cargo o comisión públicos o ejerza una profesión, utilizando vehículos oficiales, circunstancias o cualquier medio que estos le proporcionen, las penas serán de entre 22.5 a 45 años, el tratamiento químico, la destitución del cargo o empleo o suspensión hasta 15 años en el ejercicio de su profesión.
Las penas también irían de 50 a 70 años de prisión si en la violación se causa la muerte de la víctima; de 30 a 50 años o prisión vitalicia y el tratamiento de inhibición sexual si la víctima es menor de 15 años o mayor de 60 años; si la víctima tiene discapacidad de 30 a 50 años y el tratamiento, o si se comete por quienes tengan o hayan tenido relación con la víctima por motivos laborales, docentes, médicos, domésticos, religiosos o cualquier otro que implique confianza o subordinación aplicarán de 22.5 a 45 años y el tratamiento.
La modificación, remitida a las comisiones de Procuración y Administración de Justicia y de Salud, Asistencia y Bienestar Social para su análisis y dictamen, desde el punto de vista del PVEM es necesaria porque el Estado de México es una de las entidades con más delitos sexuales, con tres mil 954 en 2019, y porque la pena privativa de la libertad y pecuniaria vigentes y sus agravantes no se han reflejado en la disminución del delito.