Con 109 cambios a 70 artículos de la minuta de reforma a la legislación electoral, Morena en el Senado se prepara para enmendar la plana a los diputados, eliminando la transferencia de votos que permitiría dar vida artificial a los partidos pequeños, así como la especie de Estado indígena que anularía la aplicación de leyes electorales nacionales en sus territorios, entre otras disposiciones, contrarias a la Constitución en su gran mayoría.
Las modificaciones que prevén realizar las comisiones de Gobernación, presidida por Mónica Fernández, y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza Rafael Espino, ambos morenistas, son producto de la discusión interna del partido en el Senado, tras la advertencia de Ricardo Monreal, su coordinador, sobre los riesgos de inconstitucionalidad en la minuta enviada desde San Lázaro.
Pese a los cambios que impulsa Morena, en el dictamen que analizarán hoy las comisiones se mantienen temas que preocupan a la oposición y especialistas, como la eliminación de juntas distritales, la compactación de la estructura orgánica del INE y la supresión de la veda electoral, lo que daría paso a eventuales acciones de inconstitucionalidad.
Ahorros proyectados
Con el plan B electoral, el gobierno busca evitar gastar alrededor de 5 mil mdp.
Rubro monto
- Desaparición de vocales distritales 4 mil mdp
- Eliminación de 36 de las 300 juntas distritales Mil mdp
- Desaparición del PREP 17.6 mdp
- Cancelar credencialización de mexicanos en el extranjero 74.5 mdp
109 cambios esperan al Plan B en comisiones de Senado
Mantienen la mayoría de los temas que han despertado la preocupación, como la eliminación de juntas distritales, la compactación del servicio electoral y la eliminación de la veda electoral.
Las comisiones unidas del Senado se alistan para hacer 109 cambios, de los cuales 99 son inconstitucionales y de fondo, entre ellos quitar la vida artificial a los partidos pequeños, al anular la transferencia de votos; la excepción para que mantengan el registro y tener prerrogativas locales sin tener registro estatal; echa atrás la especie de Estado indígena, al que no se le aplican las leyes electorales.
Sin embargo, mantienen la mayoría de los temas que han despertado la preocupación de especialistas, del INE y del TEPJF, como la eliminación de juntas distritales, la compactación del servicio electoral y la eliminación de la veda electoral, pues ratifica que los servidores públicos sí pueden hacer expresiones durante las campañas electorales, a pesar de estar prohibido por la Constitución, pues las reclasifica como no propaganda.
“No constituyen propaganda gubernamental las manifestaciones de las personas servidoras públicas que realicen en uso de su libertad de expresión y en el ejercicio de sus funciones públicas.
“Tampoco constituye propaganda gubernamental la información de interés público que realicen las personas servidoras públicas, conforme a la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, difundida en cualquier formato de manera gratuita”, dice uno de los dos dictámenes que se analizarán hoy lunes.
El número de cambios que oficialmente prevén las comisiones unidas de Gobernación, presidida por la morenista Mónica Fernández Balboa, y de Estudios Legislativos Segunda, que encabeza el también morenista Rafael Espino, son producto de la discusión interna de Morena en el Senado, donde su coordinador, Ricardo Monreal, ha prendido las alertas sobre todos los riesgos de inconstitucionalidad que contiene la minuta enviada por la Cámara de Diputados.
Pero los cambios que promueve Morena no son limitativos, pues las bancadas del PAN, PRI, Movimiento Ciudadano, PRD y Grupo Plural tienen detectadas al menos 300 modificaciones necesarias para ajustar la reforma a la Constitución y quitarle los riesgos legales que implican.
Para Damián Zepeda, del PAN, y Noé Castañón, de Movimiento Ciudadano, la Ley General de Comunicación Social tiene un porcentaje elevado de disposiciones inconstitucionales que violentan el 134 constitucional.
En comisiones
En apego a la crítica que hizo el Presidente de la República a la intención de generar vida artificial a los partidos políticos más pequeños, las comisiones del Senado incluyeron en el dictamen el rechazo a los cambios hechos a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
La minuta del Senado dice: “Los Partidos Políticos podrán postular candidatos bajo la figura de Candidatura Común. En este caso aparecerá en un mismo recuadro de la boleta electoral el logo o emblema de los Partidos que decidan participar en esta modalidad. Los partidos deberán celebrar un convenio de distribución de los votos emitidos”.
Si el PT obtiene menos del 3% de la votación en una coalición, Morena puede trasladarle votos que fueron en su favor. Esta estrategia ya se trató de impulsar hace una década y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la decretó como inconstitucional.
Así, el Senado elimina esa parte de la reforma y retoma las reglas actuales: “…según la elección de que se trate; los votos se sumarán para el candidato de la coalición y contarán para cada uno de los partidos políticos para todos los efectos establecidos en esta Ley. En ningún caso se podrá transferir o distribuir votación mediante convenio de coalición”.
Otro aspecto que daba vida artificial a los partidos políticos pequeños es que se trató de dar la vuelta a la orden constitucional para que sólo los partidos políticos que obtienen al menos el 3% de la votación en elecciones federales pueden conservar su registro.
La minuta de los diputados dice: “al partido político nacional que no obtenga, al menos, 3% del total de la votación válida emitida en cualquiera de las elecciones que se celebren para la renovación del Poder Ejecutivo o de las Cámaras del Congreso de la Unión, le será cancelado el registro.
“Salvo que haya conservado el registro como partido local, obteniendo al menos el 3% de la votación válida emitida, en al menos la mitad más uno del total de las entidades federativas en donde se haya desarrollado una elección concurrente, esto aplicará para la elección donde se elijan Presidente de la República, senadurías y diputaciones federales, así como en la elección donde sólo se renueve la Cámara de las y los Diputados”, dice la minuta.
El Senado elimina por completo esa disposición.
La tercera ventaja artificial que buscaba la Cámara de Diputados para los partidos pequeños es que a pesar de perder el registro en una entidad federativa, ésta estaba obligada a darle dinero al partido inexistente en su competencia interna, que intentaron incluir en la Ley General de Partidos Políticos.
La minuta dice: “los partidos políticos con registro nacional vigente conservarán su registro local y obtendrán financiamiento público en la entidad correspondiente, con la sola conservación de su acreditación nacional”.
Pero el Senado regresa a la disposición actual; es decir, rechaza el cambio y restablece: “para que un partido político nacional cuente con recursos públicos locales debe obtener el 3% de la votación válida emitida en la elección de diputaciones de Congresos locales en el proceso electoral local anterior en la entidad federativa de que se trate”.
El Senado también elimina que “con la finalidad de garantizar la paridad en la conformación de las y los integrantes de la Cámara de Diputados se deberán establecer los mecanismos y reglas para realizar los ajustes que, en su caso, deban hacerse en las listas plurinominales una vez concluida la elección por el principio de mayoría relativa.
“En todo caso, la regla de ajuste se aplicará al partido político que alcance mayor votación quien, en coordinación con la autoridad administrativa electoral federal o local según sea el caso, determinará de común acuerdo el corrimiento hasta llegar a la paridad mediante una regla de ajuste”, porque la Constitución ya contiene las reglas que se deben seguir para estos casos.
También elimina que “la Autoridad Administrativa Electoral estará obligada a notificar al Honorable Congreso de la Unión de los temas en donde haga falta emitir leyes que se requieran, reformar, adicionar o derogar porciones normativas para adecuar y mejorar las leyes en la materia. Esta notificación deberá realizarse por lo menos, ciento ochenta días antes del inicio del proceso electoral”.
Respecto de la reelección legislativa, el Senado también modifica algunos aspectos.
La minuta dice: “quienes decidan contender por la elección consecutiva por el mismo principio, podrán hacerlo por un distrito o circunscripción diverso, cumpliendo el requisito de residencia”, es decir, eso abre la puerta a que si un diputado compitió por un distrito federal de la Ciudad de México, al buscar la reelección lo pueda hacer por un distrito federal de Campeche.
El Senado corrige: “quienes decidan contender por la elección consecutiva por el mismo principio deberán hacerlo por el distrito o circunscripción por el cual fueron electos en el proceso electoral inmediato anterior, siempre y cuando acrediten cumplir con el requisito de residencia a que se ha hecho referencia en este artículo. En caso de que exista una redistritración, será aplicable al territorio de la entidad federativa o circunscripción plurinominal que corresponda”.
Estado indígena
El proyecto de dictamen que discuten hoy lunes las comisiones unidas del Senado excluye la especie de Estado indígena y comunal que introdujo la Cámara de Diputados; una especia de Estado paralelo al Estado mexicano, con derechos establecidos sólo por ellos y anulando la aplicación de leyes nacionales en sus territorios, lo que es contrario a la Constitución.
Los diputados federales aprobaron que “ninguno de los derechos previstos en esta ley podrá ser invocado para conculcar otras prerrogativas obtenidas por los pueblos y comunidades indígenas del país en otras leyes y/o resoluciones”.
Además, que el “autogobierno indígena es una manifestación autónoma de organización política y un derecho fundamental de los pueblos y comunidades indígenas de México, y de los pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México que comprende los siguientes elementos”.
Como “el reconocimiento, mantenimiento y defensa de la autonomía de los citados pueblos para elegir a sus autoridades o representantes acorde con sus usos y costumbres y respetando los derechos humanos de sus integrantes; el ejercicio de sus formas propias de gobierno interno, siguiendo para ello sus normas, procedimientos y prácticas tradicionales, a efecto de conservar, modificar y reforzar sus instituciones políticas y sociales.
“La participación plena en la vida política del Estado, y la intervención efectiva en todas las decisiones que les afecten y que son tomadas por las instituciones estatales”, dice la minuta, pero todo eso fue eliminado por comisiones.
El dictamen incluye 109 cambios, de los cuales 10 son de técnica legislativa; es decir, que corrige puntuación, referencias a artículos; reacomoda incisos y numerales, que se ajustan conforme se hacen adiciones.
LEYES MODIFICADAS
La Ley General de Comunicación Social tiene el mayor número de cambios, al sumar 55; le sigue la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, con 44 cambios; la General de Partidos Políticos con cinco; la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación con dos, igual que la Ley General de Responsabilidades Administrativas y una de la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Por la noche, Ricardo Monreal, senador de Morena, dijo que el dictamen de las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos Segunda del Senado suma cambios en 70 de los casi 500 artículos que integran la reforma electoral secundaria.
“Lo que no queremos es que la Constitución se altere o que la vía de la legislación ordinaria sea la que pueda alterar los principios constitucionales”.
Explicó que habrán de iniciar las deliberaciones para la devolución de toda la minuta a la Cámara de Diputados corrigiendo y enmendando algunos artículos.
Fuente: Excelsior