PRI obligado a aclarar fraude a estudiantes
Cárceles mexiquenses: centros de impunidad y corrupción
- Hasta hace unas semanas, el senador Higinio Martínez confiaba en convencer al PVEM de aliarse con Morena también en el Estado de México, como ocurre a nivel federal. Pero… ¿qué seriedad podría existir cuando la relación entre el partido del tucán y el Revolucionario Institucional (PRI) es clara, al grado de que Luis Miranda, ex secretario y compadre del ex presidente Enrique Peña, se deja ver con María Luisa Mendoza, coordinadora parlamentaria a nivel local, mientras el hijo de éste es cobijado por Pepe Couttolenc, el dirigente estatal? ¿Contender en solitario es también una forma de restar votos a la oposición?
- El Partido Revolucionario Institucional (PRI) no ha salido a aclarar el incumplimiento en la entrega de certificados de preparatoria a muchachos convocados por Expresión Juvenil Revolucionario (EJR). Pierde de vista que diversos estudios de opinión revelan la falta de credibilidad en los partidos políticos y, por tanto, la necesidad de recuperarla, si su intención es remontar en las preferencias electorales, evitando este tipo de engaños, responsabilizándose si alguno de sus militantes o dirigentes intervino, o rechazando los señalamientos, porque finalmente su logo y colores se utilizaron en la denominada Tercera Generación del Centro Educativo “Futuras Generaciones”, donde los inscritos pagaron 8 mil pesos por obtener el documento tan sólo en dos meses.
- Las cárceles mexiquenses son el hotel más caro, pero también el más inseguro. El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, denunció que cada familiar de una persona privada de su libertad (PPL) debe erogar mil 200 pesos por visita en moches de todo tipo, lo que se traduce en 4 mil 800 pesos mensuales si se visita al interno una vez por semana, y en 153 millones 600 mil pesos al mes por los 32 mil internos en las cárceles estatales. Esas cantidades, sin embargo, son insuficientes para salvaguardar la integridad de los reclusos, pues la misma organización denunció la muerte, hace una semana, de una mujer que enfermó y no recibió atención médica, mientras Presunción de Inocencia y Derechos Humanos A.C., hizo público el asesinato de un joven que desde 2020 ya había compurgado cien por ciento de su castigo (incluso desde 2014 ya podía acceder al beneficio de libertad condicional y en 2017 a la libertad anticipada porque su pena había sido pagada al 50 y 70%, respectivamente), pero seguía en prisión a falta de una base de datos. Esas anomalías solo son posibles en el Estado de México, líder en incidencia delictiva, corrupción e impunidad en el país.