El ISEM, la FGJEM, el Consejo Estatal de la Mujer y los programas sociales reúnen los principales montos observados.
La Ley de Fiscalización Superior del Estado de México establece que personas servidoras públicas de las entidades fiscalizables municipales que capten, recauden, reciban, administren o manejen recursos del erario, están obligados a otorgar las cauciones o garantías a favor del municipio.
El diputado Daniel Sibaja alertó que no se ha puesto atención a los actos de corrupción de servidores públicos que permanecen en su encomienda desde hace años y en ocasiones no verifican tomas de agua y/o descargas domiciliarias y de empresas de gran tamaño, por lo que tampoco se cobran.
La información relacionada con las cuentas públicas de octubre, noviembre y diciembre de las más de 500 entidades fiscalizables
De las 250 autoridades electas facultadas (125 alcaldes y 125 síndicos), 231 atendieron el requerimiento
La mayoría de las observaciones se dieron por pagos excedentes de nómina, irregularidades en los costos de las obras públicas, bienes inmuebles no presentados e ineficiencia en la ejecución de programas.
De acuerdo con una de las víctimas, la persona denunciada cuestionaba de forma constante la capacidad laboral de sus compañeros de oficina, realizaba expresiones vulgares y denigrantes con alto contenido sexual sobre sus compañeras y se burlaba de ellas por su apariencia física.
La Secretaría que se encarga de la ejecución del Salario Rosa debe aclarar el destino de otros 182 millones 918 mil pesos, derivados de la falta de comprobantes por otros servicios prestados, como asesorías, convenios y acuerdos, según precisó el auditor financiero Jaime Perdigón.
Fueron solventadas, y ya sólo falta que el organismo auditor las revise y determine si los documentos allegados cubren sus requerimientos.
