A partir de la contienda electoral del 2021, en el Estado de México no podrán ser candidatos quienes tengan antecedentes de sentencia ejecutoriada por violencia familiar, delitos contra la libertad sexual o sean deudores alimentarios. Además, la propaganda política o electoral no podrá contener mensajes discriminatorios o violentos contra mujeres; esto luego de que la Legislatura mexiquense aprobara un paquete de iniciativas contra la violencia política de género y en favor de la paridad, promovidas por los grupos parlamentarios de Morena, Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD).
Las reformas crean la Unidad Técnica Para Atender la Violencia Política Contra Las Mujeres en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), instancia que se encargará de atender los casos de agresión a precandidatas, aspirantes, militantes, servidoras públicas, periodistas y defensoras de derechos humanos.
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Las listas de representación proporcional se integrarán por fórmulas de candidatos y candidatas propietario y suplente del mismo género (para evitar el registro de mujeres propietarias a las que se obligue a renunciar para ceder el cargo a sus suplentes hombres), y se alternarán las fórmulas de distinto género para garantizar el principio de paridad hasta agotar cada lista.
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La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) será la encargada de expedir la constancia a los candidatos que no hayan recibido sentencia ejecutoriada por el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género o por delitos de violencia familiar contra la libertad sexual o de violencia de género, y no estén inscritos en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos en el Estado de México ni en otra entidad federativa.
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El IEEM podrá solicitar el padrón de sentenciados por estos ilícitos y, en caso de que el aspirante se encuentre en la lista negra, no podrá participar en la contienda.
En lo sucesivo, el gabinete estatal, magistraturas y juzgados deberán observar el principio de paridad en sus designaciones.
Además, se entenderá por violencia política contra las mujeres en razón de género toda acción u omisión, incluida la tolerancia, basada en elementos de género y ejercida dentro de la esfera pública o privada, que tenga por objeto limitar, anular o menoscabar el ejercicio efectivo de los derechos políticos y electorales de una o varias mujeres, así como el acceso al pleno ejercicio de las atribuciones inherentes a su cargo, labor o actividad.
El incumplimiento de las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres en razón de género, según la gravedad de la falta, podrá sancionarse con la reducción de hasta el 50% de las ministraciones del financiamiento público correspondientes a cada partido por el periodo que señale la resolución.
“Las nuevas disposiciones obligarán a la clase política a esforzarse por ser ejemplo de conducta ante la sociedad, tener autoridad moral e impulsar las reformas que el estado requiere”, confió el morenista Gabriel Gutiérrez, promotor del impedimento a agresores familiares y deudores alimenticios para contender.
Su correligionaria Azucena Cisneros recordó que en la elección de 2018, 62.5% de las excandidatas se asumieron como víctimas de violencia política, y 82% atestiguó abusos, incluso dentro de sus partidos. Pese a que en la entidad 52% de la población son mujeres, lamentó que su participación en la vida política no sea equitativa, pues nunca ha habido una gobernadora, sólo alcaldesas en 40 de los 125 municipios, mientras que de las 18 dependencias estatales, solo 5 están encabezadas por una mujer. Recordó que en 2017, la entonces aspirante a gobernadora, Delfina Gómez, fue víctima de descalificaciones por su origen humilde y por el hecho de ser mujer. Las priistas Claudia Ruiz Massieu, Ana Lilia Herrera y Alejandra del Moral la llamaron “incapaz, manipuladora y mentirosa” durante una conferencia de prensa, y el ex presidente Felipe Calderón, vía twitter, cuestionó si “Delfina” era un nombre propio: “Dudar de la inteligencia política, de la capacidad y de la autonomía de una candidata por ser mujer y pobre es una de las formas más perversas de violencia política de clase y de género”, acusó.