El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) declaró formalmente iniciado el proceso de renovación del gobierno mexiquense, en cuya jornada tendrán oportunidad de participar 12 millones 534 mil 113 mexiquenses que integran la lista nominal, lo que vuelve importante a la contienda por su tamaño, además de celebrarse en la víspera de la elección presidencial.
Francisco Vázquez, representante de Morena, dijo que su instituto político está listo para la batalla maestra.
Señaló que Atenco y Tlatlaya son ejemplos de que al partido gobernante lo último que le importa es el pueblo, duramente castigado por un grupo político (Atlacomulco) que tiene a la entidad con la más alta tasa de criminalidad del país, sumergido en la pobreza, inseguridad y corrupción.
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Exigió a las autoridades electorales pulcritud en su actuar durante el proceso. “No permitiremos nunca más que la dictadura del fraude electoral haga de las suyas contra la voluntad popular, que a costa de la mayoría los mismos de siempre se mantengan intocados al amparo de las promesas vacías y los compromisos olvidados”, advirtió.
Anselmo García, representante de Movimiento Ciudadano (MC), anticipó que, por su importancia, en la elección mexiquense no sólo participarán actores y fuerzas políticas estatales, sino además concurrirán los intereses de los presidenciables.
La contienda, alertó, se dará en un clima de polarización fomentada desde las altas esferas del Poder en temas como la restricción del papel de los órganos desconcentrados, la militarización y la reforma electoral que pretende regresar a la centralización del poder y control de las elecciones por parte del gobierno al debilitar y restringir el papel del árbitro electoral, con una propuesta que viene desde el Poder y no desde la oposición y la ciudadanía.
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Por eso, llamó a que el proceso no sea escenario de conflictos, que el árbitro electoral actúe sin tendencia, que los partidos se apeguen a la ley, que los órdenes de gobierno no se entrometan ni utilicen recursos públicos o programas sociales a cambio del voto, que no haya compra de conciencias, que se castiguen los delitos electorales, y que no se caiga en la tentación de desplegar al Ejército o a la Guardia Nacional para inhibir la participación durante la jornada.
Los mexiquenses, afirmó, quieren un cambio no regresivo, sino un gobierno honrado y capaz de administrar el erario de forma transparente, que no divida, polarice ni justifique su incapacidad en el pasado, sino resuelva la inseguridad, los feminicidios, la pobreza, la corrupción, el desempleo, la salud y la vivienda; y aseguró que MC es la tercera vía.
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Alhelí Rubio, representante del Partido Verde (PVEM), acusó que la entidad tiene resultados impresentables por sus gobiernos grises que no asumen su responsabilidad ciudadana al priorizar sus intereses personales, que generan parálisis y ausencia de resultados.
Los mexiquenses, afirmó, reclaman un cambio inminente y eficiente, no permitirán que las dádivas de partidos políticos mezquinos definan la elección, y denunciarán los abusos sobre la ejecución de programas sociales.
Demandó al IEEM apego a sus principios en todos sus actos, puertas abiertas también para minorías, sin favoritismos ni sesgos; y “que no se intimiden ante acusaciones o amenazas”.
A las autoridades de los tres niveles exigió imparcialidad y que no se entrometan en la contienda; y a los candidatos, responsabilidad.
Joel Cruz, representante del Partido del Trabajo (PT), acusó que los males que aquejan a la entidad son resultado de los malos gobiernos priistas que han encumbrado a familias que han hecho grandes fortunas al amparo de la corrupción y el gran negocio que es gobernar el Estado de México con un presupuesto de más de 300 mil millones de pesos.
“Entendemos que en esta elección el PRI se está jugando su existencia como partido político, por eso hará uso de todos los recursos ilegales a su alcance como el uso de las instituciones públicas, el apoyo discrecional de las autoridades electorales, el uso clientelar de los programas sociales y la compra directa y masiva del voto”, señaló.
Por su parte, Tonatiuh Medina, representante del Revolucionario Institucional (PRI), reprochó al PVEM olvidarse de la coalición que lo llevó al triunfo; y recordó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) observó las guarderías inexistentes del PT, encontró que desvió recursos y que los CENDIS pertenecen a su dirigente, quien ni siquiera ha permitido la alternancia en la dirección de su partido.
Dijo que el tricolor ahora quiere defender a los mexiquenses del ineficaz manejo de la pandemia, la tragedia de la economía, los nuevos pobres, la manipulación de expedientes penales, la persecución de incómodos, la ausencia de autonomía de los órganos de control, el uso de las herramientas de fiscalización para amedrentar, la confusión de la titularidad del Ejecutivo con el liderazgo de partido y los nombramientos con conflictos de interés.
También, afirmó, de diezmos como los de Texcoco, el uso político de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), la incapacidad para investigar delitos y emitir sentencias condenatorias, los intentos de presión a jueces, magistrados y ministros, el gasto inútil en sorteos, la opacidad en la información de gobierno, la renuncia a las nuevas tecnologías y el apoyo a delincuentes y dictaduras.
Araceli Casasola, representante del Partido de la Revolución Democrática (PRD), acusó al presidente Andrés Manuel López Obrador de autoritario y divisionista.
El panista Alfonso Bravo condenó que se busque destruir las instituciones electorales desde el poder; acusó que los morenistas mienten, pues prometieron no robar, pero salieron con la casa gris y los bolsos caros “de una maestra”.
Finalmente, los consejeros electorales comprometieron autonomía, imparcialidad y objetividad en el desarrollo de la elección.