Debido a que actualmente el robo no es un delito castigable “cuando se comete por un ascendiente en contra de su descendiente o viceversa, por un cónyuge contra el otro, por el concubinario contra la concubina o viceversa, o por el adoptante contra el adoptado o viceversa”, el grupo parlamentario de Morena propuso derogar esta disposición para que se pueda perseguir este delito como un mecanismo de protección endógeno de la familia.
El diputado Gerardo Ulloa, promotor de la iniciativa, consideró un retraso que la ley penal estatal no sancione esta clase de ilícitos, a pesar de que la entidad tiene el índice de delitos patrimoniales más elevados del país, y de que un buen porcentaje de ellos ocurre al interior del núcleo familiar. Por el contrario, delitos como lesiones, homicidio, feminicidio, violaciones, entre otros, no contienen ningún supuesto de excepción para quienes sean familiares de sus víctimas, más bien, esta condición suele ser agravante. Además, esta propuesta contempla incluir en el artículo 295 que el delito deberá ser perseguido por querella del afectado.
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Ulloa Pérez recordó que los tratados y pactos internacionales y las Constituciones federal y local establecen la obligatoriedad del Estado de proteger a las familias, lo que debe suceder a partir de elementos exógenos y endógenos. Indicó que la información delictiva y de emergencias con perspectiva de género elaborada por el Centro Nacional de Información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, con corte al 31 de octubre de 2018, recibió 1.5 millones de llamadas por robo, 52% en contra del patrimonio y 12% implicó a la familia.
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El Estado de México, dijo, es primer lugar en número de llamadas de emergencia por incidentes de violencia contra la mujer, de tal manera que la propuesta tiene perspectiva de género, ya que uno de los tipos de violencia que establece la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de México es la patrimonial. Indicó que la unidad familiar y su convivencia armónica es importante, pero también el respeto a derechos primordiales como el patrimonial, de tal manera que el matrimonio, el concubinato, un vínculo consanguíneo, por afinidad o civil no deberán ser motivo ni escudo para delinquir.
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De cualquier manera, la propuesta abre la posibilidad de que el sujeto pasivo del delito decida si procede o no en contra de su transgresor, lo que, además, garantiza que el Estado no se involucre en la vida privada de las familias y que sean sus miembros quienes decidan el inicio o no de una carpeta de investigación. La querella es un acto procesal que da conocimiento al Ministerio Público de un acto punible y expresa la voluntad de ejercitar una acción penal a la que se puede poner fin si las partes llegan a un acuerdo.