Con el propósito de lograr que 19 mil familias de 20 municipios mexiquenses regularicen sus viviendas de interés social, el diputado morenista Max Correa propuso reformar el Código Financiero del Estado de México y Municipios.
Al presentar su iniciativa ante el pleno, el legislador precisó que los inmuebles fueron adquiridos mediante el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares (FONHAPO), o los extintos Fideicomiso de Liquidación del Patrimonio Inmobiliario (FIPAIN) y Programa Fraccionamiento Popular Ecatepec (PROFOPEC).
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En el Estado de México, indicó, existen aproximadamente 18 mil 432 familias que habitan una casa que fue financiada por el FONHAPO, con el propósito de atender las necesidades de vivienda de la población preferentemente no asalariada y con ingresos menores a 2.5 veces el salario mínimo.
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“Las familias mexiquenses que adquirieron su inmueble por medio del FONHAPO, al momento de regularizar su patrimonio deben realizar y cubrir el pago de diversos trámites administrativos ante autoridades municipales y estatales, por ejemplo, a nivel municipal deben tramitar y pagar la expedición de la certificación de clave de valor catastral, el pago de traslado de dominio, constancias de no adeudo de predial y agua, entre otros”, refirió.
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Las 18 mil 432 familias mexiquenses que padecen esta problemática se encuentran ubicadas en municipios de la Zona Metropolitana del Valle de México: Chalco 127, Chicoloapan 527, Coacalco 684, Cuautitlán 845, Cuautitlán Izcalli 60, Ecatepec de Morelos, 12 mil 149; Ixtapaluca 75, La Paz 360, Naucalpan de Juárez 323, Nezahualcóyotl 131, Nicolás Romero 392, San Martín de las Pirámides 60, Tecámac 55, Tenango del Valle 245, Tlalnepantla de Baz 366, Tultitlán 185, Valle de Chalco 231, Villa Nicolás Romero 69, y 848 del municipio de Zumpango.
Por tanto, el además presidente de la Comisión de Asuntos Metropolitanos en la Legislatura local precisó que el objeto de la iniciativa es integrar en la legislación las viviendas que son de interés social pero no se encuentran previstas como tales en el Código Financiero, de manera que no pueden acceder a tarifas preferenciales como viviendas populares.