La Comisión de Vigilancia del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México aprobó sancionar hasta con 1 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) la entrega de información falsa o el ocultamiento de datos al OSFEM.
La reforma, promovida por el morenista Gerardo Ulloa establece multas de 100 a 150 veces el valor diario de la UMA en contra de los servidores públicos y todos aquellos quienes administren el erario y se nieguen a entregar información del gasto público, la oculten o la entreguen parcialmente. El monto podrá duplicarse o triplicarse en cada ocasión debido a persistencia o reincidencia, hasta alcanzar 1 500 veces el valor diario de la UMA.
Las modificaciones a la Ley de Fiscalización Superior del Estado de México disponen que los servidores públicos, así como cualquier entidad, persona física o jurídico colectiva, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra figura jurídica que reciba o ejerza recursos públicos, deberán proporcionar la información y documentación que solicite el OSFEM para efectos de sus auditorías e investigaciones, de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios del sistema financiero.
La negativa y actos de simulación para entorpecer u obstaculizar la actividad fiscalizadora, según la propuesta, serán sancionados conforme a la Ley General de Responsabilidades Administrativas y Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios. Los servidores públicos, personas físicas o jurídico colectivas públicas o privadas que aporten información falsa, también serán sancionados en términos de la legislación penal aplicable, de ser el caso.
Para el promovente, es necesario tomar medidas de apremio, pues hay resistencia a los requerimientos de información para la fiscalización y evaluación del OSFEM: “Se ha encontrado que los responsables suelen ser omisos ante tales obligaciones, o bien, actúan de mala fe al presentar una documentación o información errónea, con el objeto de obstaculizar la función fiscalizadora”, refirió.
Durante la discusión del dictamen, el también morenista Valentín González indicó que en la rendición de cuentas no puede haber simulaciones, y es grave que se detecten prácticas de información falsa con el propósito de eludir su responsabilidad al incumplir con la entrega de datos sobre el manejo de la cuenta pública de entidades gubernamentales: “Lamentablemente es un indicador de las prácticas corruptas que se dan en las administraciones, a veces debidas a la falta de competencia y capacidad por parte de los responsables de las unidades administrativas”, expuso.