La Diputación Permanente de la Legislatura local aprobó un exhorto al Senado y a la Secretaría de Relaciones Exteriores para evitar que México suscriba el Tratado México-Estados Unidos-Canadá (T-MEC), por considerar que privatiza el maíz y todas las semillas alimenticias, silvestres y medicinales que se cultivan en la entidad y en todo el territorio nacional.
El T-MEC, advirtieron los legisladores mexiquenses, obliga al país a entrar en el convenio de la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (UPOV 91) que promueve la privatización de toda planta alimenticia, medicinal o silvestre, incluso las variedades campesinas, indígenas o comunitarias producidas y mejoradas con conocimientos milenarios, de tal manera que queden expuestas a patentes incluso internacionales.
“Este convenio ha significado aceptar legalmente las normas de derechos de propiedad intelectual, concediendo la propiedad sobre los cultivos mediante patentes vegetales denominados ´Derechos del Obtentor´, lo que supone el proceso de despojo y privatización de las semillas”, alertó el diputado morenista Max Correa, autor de la propuesta.
El documento advierte que para la reproducción o multiplicación de lo que denominan “variedad protegida” se requerirá una autorización del obtentor de los derechos para la siembra, el cultivo, la posesión, venta o cualquier forma de comercialización, importación, exportación o acción que involucre el manejo de la variedad protegida.
Esta disposición, señala Correa Hernández, “implica un contrato con el obtentor del derecho y un pago monetario a este, ante lo cual nos preguntamos: ¿cómo los campesinos y pequeños productores podrán tener la capacidad de un pago de este tipo?”
Al exhorto se sumó su correligionario Gabriel Gutiérrez, quien acusó que este convenio es un instrumento del neoliberalismo internacional -rechazado en las urnas durante la pasado elección mexicana- para apropiarse del maíz, una semilla netamente mexicana. “Es necesario revisar esta situación y dar prioridad a los productores locales”, indicó.
El llamado alcanza a la Legislatura federal para que analice y deseche la iniciativa que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Variedades Vegetales -presentada por el diputado Heraclio Rodríguez Gómez el pasado 19 de febrero y turnada a la Comisión de Desarrollo y Conservación Rural, Agrícola y Autosuficiencia Alimentaria-, y cualquier otro tratado, acuerdo o convenio internacional en el mismo sentido.
Lo anterior, porque limita el uso e intercambio de semillas por parte de agricultores, lo que afecta directamente la diversidad genética y extiende los derechos de las semillas patentadas incluso a los productos que generan, además de que, si los híbridos patentados contaminan los maíces nativos, los genes de éstos otorgarían el derecho de propiedad a los dueños de las patentes.