El Congreso del Estado de México no descarta realizar un periodo extraordinario de sesiones con el fin de endurecer las sanciones por el delito de despojo de inmuebles, como parte de una estrategia para contener el aumento de denuncias por esta conducta.
Francisco Vázquez, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), recordó que la LXII Legislatura ha recibido tres iniciativas y un punto de acuerdo que proponen sanciones más severas, así como mejorar las estrategias de atención a víctimas y combate al delito.
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Durante los trabajos en comisiones, diputadas, diputade y diputados han coincidido en la urgencia de proteger el patrimonio de la población.
Actualmente, el despojo ya está tipificado en el Código Penal del Estado de México, con penas de uno a cinco años de prisión y de 30 a 125 días de multa. No obstante, debido al incremento en el número de casos, Vázquez consideró necesario fortalecer el marco legal y facilitar su denuncia y sanción.
El también coordinador del grupo parlamentario de Morena destacó que hay consenso entre la mayoría de los grupos legislativos para dar prioridad al tema, por lo que podría discutirse en un periodo extraordinario, dado que el siguiente ordinario comienza en septiembre.
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De las iniciativas presentadas para aumentar las penas, la primera, impulsada por Morena, propone considerar el despojo como delito grave y sancionarlo con entre cinco y diez años de prisión cuando se cometa contra personas adultas mayores, con violencia física, mediante rompimiento de cerraduras, uso de intimidación o forzado de puertas.
También contempla agravantes cuando el delito se cometa de manera clandestina, aprovechando la ausencia del propietario; mediante engaños o abuso de confianza; o con uso ilegítimo de la fuerza pública, sin orden judicial o con documentos apócrifos. Asimismo, plantea agilizar los procedimientos judiciales para la restitución del inmueble, cuando se acredite su legítima propiedad.
La segunda iniciativa, presentada por el diputado morenista José Miguel Gutiérrez, también propone tipificar el despojo como delito grave, sancionando con hasta 17 años de prisión y una multa de hasta 678 mil 840 pesos (seis mil UMA) a quienes lideren invasiones o sean autores intelectuales del delito, sin importar si el derecho a la posesión está en disputa.
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Adicionalmente, busca incluir como supuesto jurídico el uso indebido de aguas, tanto propias como ajenas, sin los permisos legales correspondientes, así como actos de dominio que vulneren derechos legítimos de usuarios del recurso hídrico.
La tercera propuesta, impulsada por la diputada Ruth Salinas de Movimiento Ciudadano, establece penas de hasta 25 años de prisión y 500 días de multa. Considera agravantes cuando la ocupación afecte viviendas o predios agrícolas pertenecientes a adultos mayores, mujeres, personas indígenas o en situación de vulnerabilidad.
Estas sanciones también aplicarían a servidores públicos que participen, instiguen o faciliten el despojo, así como cuando el delito sea cometido por dos o más personas. Se contemplan penas más severas si el inmueble afectado está catalogado como área natural protegida por decreto estatal.
Por su parte, la diputada priista Lilia Urbina presentó un punto de acuerdo para que el Congreso exhorte a la Secretaría de Seguridad estatal a implementar una estrategia interinstitucional en coordinación con gobiernos municipales, el gobierno federal, la Fiscalía General de Justicia y el Poder Judicial, con énfasis en el Valle de México.
La estrategia incluiría campañas informativas, asesoría legal, operativos de vigilancia, atención prioritaria a reportes, capacitación continua a policías, creación de una unidad especializada en la Fiscalía para la atención inmediata de denuncias y una adecuada integración de carpetas de investigación para su judicialización.