Un juez federal concedió hoy dos suspensiones provisionales contra el Acuerdo del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace), dado a conocer el 29 de abril, y que detuvo el acceso de nuevas plantas de energías renovables al Sistema Eléctrico Nacional (SEN).
Rodrigo de la Peza, Juez Primero Especializado en Telecomunicaciones y Competencia Económica, otorgó las primeras suspensiones contra el Acuerdo del Cenace en amparos de la empresa FV Mexsolar XI y otra más, cuyo nombre fue censurado en las listas del juzgado.
Según registros oficiales, el juzgado recibió el viernes y fin de semana otros 25 amparos para impugnar la medida, por lo que a partir de mañana notificará más suspensiones.
El Acuerdo del Cenace afecta a 26 plantas solares y 18 parques eólicos, que representan inversiones por 6 426 millones de dólares, afirman asociaciones del sector. FV Mexsolar-XI, empresa española, invirtió más de 100 millones de dólares para un parque fotovoltaico en Perote, Veracruz.
El Acuerdo del Cenace fue un paso más en la ofensiva del gobierno que culminó el 15 de mayo, con la publicación de la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el SEN, expedida por la Secretaría de Energía.
La impugnación a este documento, que incluye múltiples órdenes de la titular de Sener al Cenace y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para limitar a empresas privadas, requerirá amparos adicionales.
El punto específico del Acuerdo de Cenace impugnado por las empresas, y presumiblemente suspendido por el juez De la Peza mientras analiza su legalidad, es el quinto, que establece que: "A partir del 3 de mayo de 2020 quedan suspendidas las pruebas preoperativas de las centrales eléctricas intermitentes eólicas y fotovoltaicas en proceso de operación comercial. Asimismo, para aquellas que no han iniciado, no se autorizarán pruebas preoperativas".
Cenace, órgano descentralizado que controla el SEN, puede impugnar las suspensiones provisionales ante un tribunal colegiado, que tendrá 48 horas para resolver.
De la Peza acordará el 22 de mayo si concede suspensiones definitivas, que estarían vigentes todo el tiempo que lleve tramitar el juicio de amparo.
En uno de los amparos, la empresa afectada afirmó que entre el 3 y 10 de mayo recibió "órdenes verbales" de autoridades sobre "reducción de generación de energía eléctrica, limitación y restricción de la capacidad de generación" de sus plantas. El argumento para frenar a las plantas de energía solar y eólica fue que su intermitencia pone en riesgo la operación del SEN, y también se aludió a la pandemia por COVID-19. La acción del Cenace provocó una lluvia de críticas del sector privado, la Unión Europea, el Gobierno de Canadá y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece).
En los amparos también se pide una investigación de Cofece sobre la existencia de barreras a la competencia efectiva en el mercado eléctrico, y se reclama que dicho órgano autónomo no ha realizado la evaluación de competitividad del mercado de Certificados de Energías Limpias (CEL), como ordena la Ley de Transición Energética de 2015.
A finales de 2019, el juez De la Peza también concedió varias suspensiones, aún vigentes, contra los cambios que Sener impuso a los CEL, figura que buscaba impulsar la inversión privada en este tipo de proyectos.