La Fiscalía General de la República (FGR) consiguió nuevamente las órdenes de aprehensión contra 16 militares presuntamente implicados en el caso Ayotzinapa.
Los militares, entre ellos el Coronel Rafael Hernández Nieto, excomandante del 41 Batallón de Infantería, son acusados de los delitos de desaparición forzada, tortura y delincuencia organizada.
La FGR se había desistido hace nueve meses de investigar a estos 16 militares, lo que fue cuestionado por organismos como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).
Incluso el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en octubre pasado que era probable reactivar las órdenes de aprehensión contra presuntos responsables de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En ese sentido, el mandatario señaló que existía la probabilidad de que las personas bajo investigación por este caso habrían buscado “dinamitar” el proceso para que no fueran enjuiciados. No obstante, mencionó que se podrían abrir más órdenes de aprehensión.
“Mi interpretación, porque yo siempre digo lo que pienso, es que cuando se dio la instrucción de que se judicializara de acuerdo al informe y había personas que contaban con protección o que posiblemente no querían que se les juzgara o se les iniciaran procesos, entonces quisieron dinamitar la decisión judicial pensando en que si metían a más ya no se iba a actuar sobre los que estaban como responsables en el informe, nada más que actuó bien la Fiscalía”, dijo en esa ocasión.
La Comisión de la Verdad presentó en agosto un informe que aportaba importantes avances sobre los presuntos involucrados tanto en la desaparición de los estudiantes, entre los que apuntaba a militares, como en el ocultamiento posterior de los hechos, en el que participaron altos funcionarios de la administración de Enrique Peña Nieto (2012-2018).
Justo después fueron anunciadas 80 órdenes de captura, parte de las cuales son las que fueron retiradas hace nueve meses y que ahora 16 fueron reactivadas. Se detuvo a tres miembros del Ejército, entre ellos uno de los mandos Iguala en aquel momento y actual general retirado, y el exprocurador General de la República, Jesús Murillo Karam.
Todos están actualmente bajo proceso penal y en prisión preventiva, aunque sus respectivas defensas alegan que no hay pruebas sólidas contra ellos y han apelado.
Los padres de los estudiantes, en su manifiesto por el octavo aniversario de las desapariciones, denunciaron que pese a esos avances, hay retrocesos por “guerras internas” dentro de una administración que “sucumbe al poder militar”.
Fuente: Sin Embargo