A través de un encuentro con medios, autoridades de Coahuila señalaron que en el caso de la muerte de Carlos Gurrola Arguijo, también conocido como Papayita, no hay indicios de que se trata de un delito doloso, es decir, que hubiera sido cometido con conciencia y voluntad.
Lo anterior es identificado tras la revisión de los videos del caso y detallar que las únicas personas que tiene acceso a lo detalles de la investigación son los familiares de quien fuera trabajador de la empresa HEB.
Además, las revisiones del material grabado en conjunto con los testimonios apuntan a que no concuerdan los reportes en redes sociales con lo que realmente sucedió.
“Qué es lo que nos muestran los videos, que podamos compartir de manera pública, es en el sentido de que hasta ahorita no existe ningún indicio de que exista un delito doloso. Ya tenemos completamente la relación de los hechos”, es parte de lo comentado por Carlos Rangel, titular de la Delegación Laguna I de la Fiscalía General del Estado de Coahuila.
La carpeta fue abierta por homicidio; no hubo intencionalidad, señalan
Como parte de las averiguaciones ya han sido citados algunos de los trabajadores de la empresa, se trata de personas que estaba presente al momento de los hechos y otras que están relacionadas con lo ocurrido un día antes del fallecimiento, datos relevantes para la investigación.
La carpeta de investigación sigue abierta por homicidio, pero tras revisar los indicios no hay datos que apunten a que se trata de un delito doloso. “Probablemente no existió una intencionalidad”, añadió Rangel.
De igual manera, sí hay registros oficiales de una sustancia nociva en los hechos. “Si encontramos algún solo indicio que esté documentado y no lleve a un dato de prueba de la comisión de un delito, vamos a ir hasta el fondo con todo el peso de la ley”, comentó el funcionario.
Aunado a lo anterior, el titular de la Fiscalía de Coahuila, Federico Fernández Montañez, también informó el 22 de septiembre que los datos apunta a que la muerte de Papayita no sería un delito doloso.
Destacó que las autoridades deben funcionar como mediadores entre las partes, es decir, los familiares del trabajador, la empresa y los servicios de atención.