Algunos de los afectados dijeron que debido a la falta de dinero no han pagado las rentas de sus casas y han recibido solicitudes de entrega de los inmuebles.
En contra del acuerdo votaron la tercera síndico, Sandra León; y los regidores Paulina Pérez, Anselmo García Cruz y Pedro Fontaine Martínez.
La retención de estos recursos, además de los adeudos por 140 millones de pesos heredados por otras administraciones y la reducción de participaciones, a decir de la alcaldesa Patricia Durán, llevaron a plantear la necesidad de vender un par de inmuebles municipales para cubrir los salarios que se deben a los empleados.
Durante la centésima décima séptima sesión ordinaria del cabildo, la alcaldesa detalló que al día de hoy 47 cuentas federales fueron embargadas por un importe de 89 millones 336 mil 206 pesos
La propuesta hecha por Patricia Durán, alcaldesa del municipio, se da tras una deuda de más de mil 118 millones de pesos en laudos laborales, administrativos, fiscales, civiles, agrarios, penales y de amparo.
Estas ocho clausuras fueron en atención y seguimiento a diversas denuncias ciudadanas sobre presunta contaminación ambiental, indicaron autoridades de la Propaem.
La abogada Esther Tapia de Tribuna Urbana comentó que de 62 denuncias que se presentaron, el viernes pasado se sumaron 41 más.
Las denunciantes son maestras de estancias infantiles pertenecientes al DIF a cargo de la administración municipal, así como trabajadores de confianza.
Las cuentas de ambos municipios fueron congeladas, derivado de laudos laborales, por lo cual, a prácticamente dos meses de concluir el año, no han ejercido un sólo peso de la bolsa etiquetada para atender la violencia feminicida y el tema de desapariciones.
