Durante la reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP30), Ecuador demostró que el financiamiento climático recibido para combatir la deforestación también puede emplearse para legalizar tierras indígenas.
Prueba de ello son las 19 mil hectáreas de un bosque protector donde residen comunidades shuar, uno de los pueblos indígenas de mayor población de la Amazonia ecuatoriana.
En palabras de Jessica Gallegos, subsecretaria de cambio climático del Ministerio ecuatoriano de Ambiente y Energía, este proceso fue posible a través del proyecto Pago por Resultados (PPR), el cual cuenta con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la financiación del Fondo Verde para el Clima.
Aunado a lo anterior, la funcionaria recordó que en la COP30 también fue presentada la segunda Contribución Determinada a Nivel Nacional, misma que establece las reducciones previstas de las emisiones de gases de efecto invernadero en virtud de la Convención Marco de las Naciones Unidas.