La iniciativa fue suscrita por el diputado Francisco Vázquez Rodríguez; la gobernadora Delfina Gómez Álvarez; el magistrado Héctor Macedo García; el fiscal José Luis Cervantes Martínez y el ombudsperson Víctor Leopoldo Delgado Pérez.
A propuesta del grupo parlamentario del PRI, y por unanimidad, diputadas y diputados avalaron castigar la creación y distribución no consentida de imágenes, audios o videos de contenido sexual manipulados mediante IA.
Durante la entrega del Paquete Fiscal 2026 al Congreso local, el secretario de Finanzas estatal, Óscar Flores Jiménez, explicó que el proyecto —que incluye la Ley de Ingresos Estatal y Municipales, el Presupuesto de Egresos y reformas al Código Financiero— no contempla deuda y propone una inversión histórica en seguridad, infraestructura y vivienda, además de priorizar bienestar social, empleo, desarrollo económico, medio ambiente y acceso al agua.
Se consideran agravantes los casos en los que la víctima presente violencia sexual, mutilaciones, lesiones degradantes o actos de necrofilia; cuando exista violencia previa (familiar, política, laboral o institucional); o si el cuerpo es exhibido o difundido mediante cualquier medio de comunicación.
Salinas Reyes recordó que, tan solo en 2022, la Secretaría de Gobernación registró 20 mil 327 menores desaparecidos, de los cuales 3 mil 951 podrían ser víctimas de reclutamiento forzado.
La decisión federal surge tras el escándalo del diputado morenista Cuauhtémoc Blanco, quien la semana pasada solo permaneció conectado cinco segundos a una sesión virtual de la Comisión de Presupuesto, mientras era captado jugando pádel.
El propósito de la reforma es fortalecer la capacidad del Estado para proteger el patrimonio biológico, cultural y alimentario
Hasta ahora, el marco legal exentaba de sanción a parientes consanguíneos o por afinidad hasta el cuarto grado, así como a personas allegadas al responsable por razones de respeto, gratitud o amistad, siempre que no actuaran con interés ilegítimo.
La iniciativa, presentada por la diputada Zaira Cedillo Silva, busca que la entidad se sume a las 13 que ya aprobaron la “Ley Malena”, inspirada en el caso de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz, víctima de un ataque con ácido en 2019.
El acuerdo fue suscrito el 24 de febrero de 2011, durante el gobierno de Peña Nieto, por un monto total de 7 mil 980 millones de pesos, con vigencia de 20 años.
