El Gobierno del Estado de México pidió a la Legislatura local autorización para contratar financiamiento por más de 43 mil millones de pesos (más IVA) con la finalidad de construir y operar los Centros Penitenciarios de Otumba e Ixtapaluca y rehabilitar y mantener carreteras en la capital y el sur de la entidad, vía la figura denominada Asociación Público Privada (APP) –que sustituye a la de Proyectos de Prestación de Servicios, PPS-.
La solicitud se desprende de tres iniciativas del gobernador Alfredo del Mazo, turnadas la tarde de este jueves a las comisiones de Seguimiento para la Operación de PPS, de Planeación y de Finanzas Públicas para su análisis y dictamen.
Conforme a los proyectos, cada uno de los dos centros penitenciarios tendrá un costo de 15 mil 111 millones de pesos más IVA (actualizable con los incrementos del índice Nacional de Precios al Consumidor), cantidad que se pagará durante un periodo de 25 años, con el propósito de que durante los primeros 24 meses se edifiquen, y 23 años se operen y mantengan.
“Se valoró que es factible transferir riesgos de construcción, operación y mantenimiento al sector privado, los cuales se estima que tienen un valor de más de 3 mil 900 millones de pesos que, de otra manera, estarían a cargo del Gobierno del Estado de México”, se plantea en cada caso, lo que significa que este esquema prácticamente triplicará el costo.
Ambos penales tendrán capacidad para 2 mil internos, se sujetarán a estándares nacionales e internacionales –según la exposición de motivos- y los recursos para las APP se tomarán del presupuesto de la Secretaría de Seguridad estatal.
Las diputadas petista Imelda López Montiel y priista Iveth Bernal Casique indicaron que el objetivo es ampliar la capacidad de los centros penitenciarios, reducir la sobrepoblación (que en la actualidad representa 128 por ciento en los penales estatales), bajar costos y garantizar la reinserción social de las personas privadas de su libertad, a través de diversas actividades laborales que les permitirán capacitarse para el trabajo y, con ello, generar mano de obra calificada para que al dejar el penal puedan desempeñar un oficio.
Por lo que respecta al Proyecto Rehabilitación y Conservación de una Red Carretera Libre de Peaje, la inversión será de 13 mil 629 millones de pesos más IVA (actualizable con los incrementos del índice Nacional de Precios al Consumidor) durante 12 años, para mil 637.8 kilómetros de caminos en Tejupilco, Ixtapan de la Sal y Toluca.
“Se valoró que es factible transferir riesgos de rehabilitación, operación y mantenimiento al sector privado, los cuales se estima que tienen un valor de más de 4 mil 411 millones de pesos que, de otra manera, estarían a cargo del Gobierno del Estado de México”, se admite en la exposición de motivos, lo que significa que este esquema también triplicará el costo para este proyecto.
Las iniciativas plantean la obligatoriedad anual de la administración estatal para informar a la Legislatura el avance del desarrollo, si bien los diputados además podrán solicitar información en cualquier momento y vigilar todo el proceso. Además, el Órgano Superior de Fiscalización del Estado de México (OSFEM) podrá fiscalizar todas las etapas del proceso de licitación pública y de ejecución del contrato.
Los montos deberán inscribirse en el registro Público Único de Financiamientos y Obligaciones de entidades federativas y municipios y en el registro de deuda pública.
Las APP son la figura jurídica que sustituye a la de Proyectos de Prestación de Servicios (PPS) mediante la que se concesionaron la construcción y operación del centro cultural oriente (en Texcoco); la rehabilitación y mantenimiento del libramiento Atizapán-Nicolás Romero (cuya evaluación de la Comisión de Seguimiento de los PPS revela que los trabajos fueron deficientes), la construcción de los Hospitales regionales de Zumpango y Toluca, y el Puente James Watts de Cuautitlán. A la fecha, por estos 5 PPS se sigue pagando cada año una renta anual.
La Ley de las APP establece que este esquema financiero que consiste en celebrar contratos a largo plazo (de 20 a 30 años) con la iniciativa privada que se encarga de financiar, desarrollar obras y prestar servicios a cambio de una renta anual, puede emplearse en los sectores comunicaciones, salud, procuración y administración de justicia, seguridad, desarrollo urbano y redes de agua potable.