La gobernadora Delfina Gómez Álvarez envió al Congreso del Estado de México una iniciativa para reformar el Código Penal estatal, con el objetivo de endurecer las penas contra acosadores sexuales y sancionar a policías y agentes del Ministerio Público que no atiendan adecuadamente a las víctimas.
La propuesta forma parte del Plan Integral Contra el Abuso Sexual, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que busca garantizar la atención, prevención y procuración de justicia en casos de violencia sexual. El plan contempla la homologación del abuso sexual como delito grave, la capacitación institucional, campañas de concientización y la promoción de la denuncia.
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Entre los puntos centrales, la iniciativa elimina la condición de reincidencia, lo que permitirá castigar cualquier acto de acoso sexual, incluso si ocurre por primera vez, sin importar el lugar, ya sea en espacios públicos o en transporte público.
Asimismo, establece agravantes cuando el acoso se cometa aprovechando situaciones de vulnerabilidad o riesgo para la víctima, aumentando las penas hasta en una mitad.
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De forma inédita, se crea un nuevo tipo penal para castigar a servidores públicos —como policías o agentes del Ministerio Público— que nieguen recibir denuncias, intimiden o disuadan a las víctimas. En estos casos, se impondrán penas de dos a seis años de prisión, además de destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por el mismo periodo.
El decreto también dispone que la aplicación del delito deberá realizarse con perspectiva de género y tomando en cuenta los contextos de vulnerabilidad de las víctimas, a fin de garantizar un acceso real y efectivo a la justicia.
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