Los parlamentarios que participan en la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, para la reforma a la Constitución estatal, se pronunciaron porque el gobierno estatal garantice conexión de internet en las escuelas públicas y apoye con herramientas tecnológicas a grupos vulnerables, acciones que cobran mayor importancia con la educación virtual obligada por la pandemia de Covid-19.
Más de 100 participantes, muchos de ellos docentes, plantearon diversas iniciativas para garantizar educación a distancia, mantener un sistema híbrido para la enseñanza, apoyo a los sectores vulnerables para evitar deserción escolar, incentivos para garantizar la participación de las mujeres en la ciencia, e incluso la necesidad de que los padres de familia sean reconocidos como primer eslabón de las enseñanza de sus hijos.
En su intervención, la parlamentaria Fany Torres sostuvo que en el regreso a clases del próximo ciclo escolar muchos planteles no tendrán conectividad y los estudiantes no dispondrán de dispositivos tecnológicos suficientes para atender clases en línea, pues tan sólo en 2020, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) registró que 28% de alumnos perdió contacto con los maestros y 17.7% carecía de computadora o internet.
Por esta razón, planteó que se incluya en la Ley General de Educación, como un derecho constitucional, que en las escuelas se proporcionen herramientas y conexión para la enseñanza-aprendizaje, principalmente en zonas marginadas, donde los alumnos puedan investigar temas escolares durante su estancia en los planteles educativos.
“Con relación a la conectividad de Wifi, que sea proporcionada por el gobierno estatal, así como dotar a las escuelas de herramientas y dispositivos tecnológicos como derecho constitucional”, manifestó.
La propuesta fue respaldada, entre otros parlamentarios, por la docente Luz María Escobar, quien consideró que si el Estado no destina recursos para la conectividad en escuelas, habrá mayor riesgo de un severo rezago educativo, deserción escolar, y se ahondará la desigualdad por falta de conectividad de los alumnos.
La parlamentaria Liliana Mendoza planteó reformar la Constitución local para que se considere la educación a distancia como un derecho de los mexiquenses que hoy enfrentan grandes limitaciones por falta de televisión, computadora o de conexión a internet, lo que ha dejado desigualdad y rezago en los estudiantes.
“A pesar de los esfuerzos de los docentes para capacitarse, no se ha podido lograr el aprovechamiento académico. Requiere que la Legislatura realice adiciones a las normas constitucionales para que se proteja y garantice el derecho de los mexiquenses a seguir contando con educación de calidad y gratuita, en línea, y garantizar educación pública a distancia para todos”, sostuvo la parlamentaria.
Por su parte, Edwin Hernández planteó regionalizar la educación, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP) y los ayuntamientos, de acuerdo con los contextos locales de cada municipio, pero su propuesta no alcanzó consenso al considerarse que sería excluyente y limitativa.
Germán Gómez, representante de la Federación de Escuelas particulares del Estado de México, pidió que el estado considere apoyos, e incentivos con financiamiento y estímulos fiscales para el sector de escuelas privadas, y que con mecanismos concertados se pueda usar la capacidad excedente del sector.
También propuso que el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología se convierta en la Secretaría de Ciencia y Tecnología, para que se incentive y apoye, de manera administrativa, académica y con recursos financieros, iniciativas en la materia y se abran espacios de experiencias para niños y niñas. Sin embargo, ninguno de sus planteamientos logró el consenso de los parlamentarios.
El parlamento también puso sobre la mesa la necesidad de garantizar el acceso de las mujeres a la ciencia, pues a la fecha tienen más restricciones que los varones.