Aves de corral, borregos, carne, pollo, longaniza, alimento para animales, forraje y otros productos incautados durante la Operación “Liberación” están siendo distribuidos con fines de asistencia social por la Secretaría del Bienestar del Gobierno del Estado de México.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) solicitó ante un juez del Poder Judicial la disposición anticipada de estos bienes, entre ellos semovientes, alimentos, materiales de construcción y otros productos asegurados durante los operativos realizados el pasado lunes 21 de julio.
Una vez autorizada esta disposición por la autoridad judicial, la Fiscalía firmó un convenio con el Gobierno estatal para que, a través de la Secretaría del Bienestar, los bienes fueran entregados a la población con un enfoque social y comunitario.
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Este jueves, en el municipio de Ixtapan de la Sal, la dependencia comenzó la entrega gratuita a decenas de familias de aves de corral, borregos, pacas de avena, costales de zacate y cascarilla, alimento para animales, así como productos cárnicos como pollo y longaniza.
Con esta acción, se busca que los bienes incautados como parte de investigaciones por extorsión beneficien directamente a las comunidades afectadas. En el caso de materiales de construcción, se contempla su uso en obras públicas con impacto social.
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La disposición anticipada permite a la FGJEM vender o transferir bienes bajo investigación antes de que exista una sentencia definitiva sobre su extinción de dominio. Por ello, la Fiscalía reconoció la labor de las y los jueces del Poder Judicial del Estado de México por su colaboración en este proceso.
La entrega de estos bienes continuará en los próximos días en distintas comunidades, mientras que elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), la Secretaría de Marina (Semar), la Guardia Nacional, la Secretaría de Seguridad estatal y la propia Fiscalía realizarán labores de vigilancia.
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La Operación “Liberación” tiene como objetivo combatir la coacción ejercida por grupos criminales o personas que, mediante esquemas extorsivos, obligan a comerciantes y productores a comprar, vender o adquirir bienes y servicios bajo condiciones impuestas, con cuotas o precios abusivos.