La nueva administración estatal que entrará en funciones a mediados de septiembre próximo, abre la posibilidad de revisar a profundidad y recomponer contratos y concesiones, como los del sector autopistas y hospitalario, confió el diputado local Faustino de la Cruz.
El legislador recordó que Morena impulsó una iniciativa en ese sentido, pero fue frenada por las bancadas de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Acción Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD).
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Esta posibilidad, desde su punto de vista se incrementa, después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador anticipó que buscará comprar 12 hospitales concesionados porque los contratos son perjudiciales a la hacienda pública, pues existe un adeudo de 98 mil millones de pesos por los nosocomios construidos bajo el esquema de proyectos de prestación de servicios (PPS) o asociaciones público-privadas (APPs).
“El régimen que no ha terminado de irse se avocó a crear figuras como las APP para utilizar recursos públicos, en una lógica de que invertían recursos privados, y por ende administrarlos, con lo que el Estado tiene la obligación por 20, 30 años, dependiendo el tiempo de la concesión, de sangrar la economía del estado y la hacienda pública para pagar la operación”.
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El morenista consideró que en el nuevo gobierno se abre la posibilidad de que los contratos públicos, ligados con empresas afines al PRI, principalmente, para la operación y construcción de vialidades y hospitales, puedan revisarse, pues desde su punto de vista han servido como medio para desvíos de multimillonarios recursos durante décadas.
De la Cruz Pérez anticipó su interés por la revisión de la concesión autorizada a la empresa Aleatica, que opera el Circuito Exterior Mexiquense y a quien el ex gobernador y hoy senador Eruviel Ávila amplió, de manera irregular.
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Por razones como ésta, consideró fundamental que una comisión parlamentaria especial revise todos los convenios, derechos y obligaciones de Aleatica y, en general, de otro tipo de concesiones que puedan ser irregulares.
Entre ellos, el contrato por 622 millones de pesos suscrito con la Secretaría de Salud por Desarrollo y Operación de Infraestructura Hospitalaria de Ixtapaluca, GIA-A, Assignia y Eductrade, para operar el Hospital de Alta Especialidad de Ixtapaluca.
“Es importante un saneamiento de todo lo que tenga que ver con contratos, concesiones, para que de esta manera el gobierno pueda tener ahorros sustanciales que le permitan atender el rezago que se tiene en salud, en educación, en materia de infraestructura vial y en transporte colectivo como el Metro”, añadió.