La gobernadora Delfina Gómez envió al Congreso mexiquense una iniciativa de reforma constitucional que propone la extinción del Instituto de Transparencia del Estado de México (Infoem), así como la desaparición de sus comisionados, con el argumento de armonizar las normas estatales con la Constitución federal.
Funciones pasarían a instancias de control interno
De acuerdo con la iniciativa, las funciones del Infoem serían transferidas a las autoridades ya existentes en materia de control interno y vigilancia, quienes deberán garantizar los derechos de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales.
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Se establece que la información sobre la vida privada y los datos personales será protegida conforme a la ley, y que los sujetos obligados contarán con facultades suficientes para su atención.
Nuevos mecanismos y estructuras
La propuesta incluye la implementación de mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos, así como la obligación del Estado de promover, proteger y garantizar estos derechos.
Toda persona servidora pública deberá coadyuvar con las autoridades garantes para el cumplimiento de sus funciones.
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Asimismo, los entes públicos deberán ajustar sus estructuras orgánicas y ocupacionales bajo los principios de racionalidad y austeridad republicana, eliminando duplicidades y modernizando la gestión pública.
Desaparición del Infoem en 90 días tras aprobación
Una vez aprobada la reforma, se contará con un plazo de 90 días naturales para crear y aprobar las leyes secundarias en materia de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales.
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Con la entrada en vigor de dichas leyes, el Infoem será formalmente extinguido, aunque todos los actos jurídicos emitidos con anterioridad conservarán su validez legal.
Recursos y personal serán transferidos
Los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos del instituto serán transferidos a las nuevas instancias responsables. Se garantiza el respeto a los derechos laborales del personal adscrito, mientras que las personas comisionadas concluirán sus funciones al momento de la entrada en vigor de la legislación secundaria.