Reforma contra el uso indebido de la inteligencia artificial
El grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Congreso del Estado de México propuso reformar el Código Penal estatal para sancionar con hasta cinco años de prisión y multas de hasta 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) —equivalentes a más de 56 mil pesos— la difusión no consentida de contenido sexual manipulado mediante inteligencia artificial (IA).
Los impulsores de la iniciativa, Elías Rescala Jiménez y Lilia Urbina Salazar, señalaron que el objetivo es frenar la manipulación de imágenes, audios o videos íntimos que simulen hechos falsos con apariencia real, y que son difundidos sin consentimiento a través de redes sociales, mensajes o medios digitales.
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Hasta 5 años de cárcel por difundir contenido manipulado
La propuesta establece que quien utilice la IA para alterar material íntimo con fines de exposición, distribución, transmisión, comercialización o cualquier otro acto sin autorización expresa de la persona afectada, será sancionado con uno a cinco años de prisión y multas de 200 a 500 UMA (de 22 mil a 56 mil pesos).
La iniciativa también define la inteligencia artificial como cualquier aplicación, programa o tecnología capaz de analizar y modificar fotografías, audios o videos de manera automática.
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Urge frenar violencia digital y proteger la intimidad
La diputada Lilia Urbina Salazar recordó el caso de Diego “N”, exalumno del Instituto Politécnico Nacional detenido en 2023 con más de 166 mil imágenes y 20 mil videos sin consentimiento de sus compañeras, para ejemplificar la dimensión del daño digital.
Subrayó que este tipo de conductas representan una grave violación a los derechos humanos, pues vulneran la intimidad, la dignidad y el derecho a una vida libre de violencia, especialmente de mujeres, niñas y adolescentes.
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Iniciativa turnada a comisiones
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas del Congreso mexiquense para su análisis y dictamen.
Con esta reforma, el PRI busca actualizar la legislación estatal frente a los nuevos delitos digitales, particularmente aquellos cometidos con herramientas de inteligencia artificial.