El Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) revocó la inhabilitación temporal de sus derechos partidarios a 30 de los 32 diputados del grupo parlamentario de Morena en la Legislatura mexiquense que avalaron el aumento de 17% al refrendo de placas vehiculares para el ejercicio fiscal 2019.
Los magistrados consideraron que el voto de los diputados morenistas para ajustar al alza este derecho, forma parte de sus funciones legislativas y, en este entendido, gozan de la “inviolabilidad parlamentaria” que les garantiza el artículo 42 constitucional, de tal manera que no pueden ser reconsiderados por ellas.
El pleno determinó que con este voto no se violaron los estatutos de Morena, e indicaron que un partido no puede entrometerse en el desempeño de sus diputados ni subordinarlos.
En contraste, el pleno del Tribunal Electoral local desechó cuatro recursos en los que se solicitaba aumentar la temporalidad de la sanción (la mayoría fue castigado por seis meses, mientras el texcocano Nazario Gutiérrez, presidente de la Comisión de Transportes, durante un año).
El fallo no se extiende a los diputados Faustino de la Cruz y Azucena Cisneros, pues ellos no impugnaron la determinación de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ). Por el contrario, De la Cruz Pérez insistió en que ambos acatan, sin ningún problema, la sanción impuesta por el órgano partidario.
La sentencia del TEEM aún puede ser recurrida por los inconformes e incluso por la CNHJ ante la Sala Regional del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y, de ser el caso, agotarse las instancias hasta llegar a la Sala Superior.
Maurilio Hernández, coordinador del grupo parlamentario, destacó como atribución de los legisladores “tomar decisiones sin que sean conculcadas, incluso por su partido, porque tienen que ver con el compromiso y responsabilidad con la sociedad”.
La resolución del Tribunal Electoral, indicó, ratifica que los diputados morenistas no violentaron los estatutos o principios de su partido, pues la aprobación del aumento al refrendo ocurrió bajo una visión de política pública. “Desde el principio señalamos que no es un impuesto y no afecta a los sectores más desprotegidos de la población”, añadió.